A unas decenas de kilómetros de la ciudad de Dajla se yergue un vergel arrancado a las arenas del Sáhara Occidental gracias a la tecnología y al agua que el desierto atesora desde hace miles de años en su interior. Es el Dominio Agrícola de Tiniguir, 81 hectáreas (de un total de 500 productivas) dedicadas al cultivo en invernadero de tomate, melón, pimientos y pepinos destinados fundamentalmente a la exportación, con un mercado prioritario: la Unión Europea.

El propietario de esta explotación, que forma parte de la sociedad Dominios Agrícolas, los antiguos Dominios Reales, no es otro que el rey de Marruecos, Mohamed VI, cuya empresa posee 12.000 hectáreas de las mejores tierras marroquíes, según el semanario Tel Quel. Esta compañía no sólo es el principal productor de fruta, verdura y lácteos para el mercado marroquí (y saharaui), sino que también es una de las tres grandes empresas que, de acuerdo con un informe del eurodiputado francés José Bové (en el que pide que no se apruebe el nuevo tratado comercial con Marruecos), más se ha beneficiado del vigente convenio con la UE. El actual pacto se concluyó bajo el espíritu de la Conferencia de Barcelona de 1995, que llamó a hacer del Mediterráneo una zona de "prosperidad compartida".

El Comité de Representantes Permanentes de los países de la Unión Africana, ha pedido el seguimiento de la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado, durante su vigésimo tercer periodo ordinario celebrado este lunes en la capital etíope.

El comité solicitó a la Comisión de Derechos Humanos y los Pueblos de la UA "información permanente de la evolución de la situación en los territorios ocupados del Sáhara Occidental".

El embajador de la RASD ante la UA, Sidi Mohamed Omar denunció "el deterioro de la situación de los derechos humanos en la parte ocupada del Sáhara Occidental".

Asimismo, instó a la Comisión de Derechos Humanos y los Pueblos de la UA a redoblar sus esfuerzos para la protección y vigilancia de los derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental".

Por su parte, los Embajadores de Tanzania, Sudáfrica y Uganda insistieron en la necesidad de que el asunto de derechos humanos en el Sáhara Occidental esté siempre presente en la agenda de la Unión Africana. (SPS)

Una delegación de la República Árabe Saharaui Democrática participa en el encuentro del Consejo de la Internacional Socialista que se celebra en la ciudad de San José, Costa Rica del 23 al 24 de enero de 2012, según ha informado hoy la Embajada de la RASD en Nicaragua.

La Delegación, está compuesta por el Ministro para América Latina, Mohamed Yeslim Beissat y por el Embajador en Nicaragua, Sueiliman Tieb Henan. 

El Consejo de la Internacional Socialista inició ayer, lunes, su reunión con la crisis económica internacional como tema central y fue inaugurada por Laura Chinchilla, Presidenta de la República de Costa Rica y por el actual Presidente de la Internacional Socialista y ex Primer Ministro de Grecia, Yorgos Papandréu.

A la cita acuden representantes de partidos socialistas y laboristas de todos los continentes para abordar, además, asuntos relacionados con el cambio climático y reformas internas a la organización.

La delegación saharaui tuvo ocasión de entrevistarse y saludar a varias delegaciones participantes en la conferencia. (SPS)

La Organización Human Rights Watch, reclamó el domingo a las autoridades marroquíes el respeto al derecho de los saharauis en los territorios ocupados de Sáhara Occidental a la reunión pública.

En su Informe Mundial 2012 sobre la situación de los derechos humanos en 90 países, HRW asegura que las autoridades marroquíes "no autorizaron ninguna concentración pública de los saharauis partidarios de la autodeterminación del territorio del Sáhara Occidental".

HRW expresó su preocupación por los 23 presos políticos de Gdeim Izik que Marruecos pretende enjuiciarlos ante un tribunal militares.

La organización internacional mostró inquietud por 120 activistas derechos humanos saharauis que fueron detenidos por razones políticas en noviembre de 2010 a raiz del desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik.

HRW exigió castigo de los responsables del uso de la fuerza excesiva contra los manifestantes saharauis.

Asimismo, denunció que "el régimen marroquí todavía impide establecer asociaciones y organizaciones de derechos humanos en Sáhara Occidental". (SPS)

Observadores de la región acuden a los territorios velan por los derechos de los presos políticos saharauis en Marruecos

J. Monroy / Toledo El segundo africano con más tiempo en prisión por motivos políticos es saharaui, y se llama Mohamed Dadach. En estos momentos, en las cárceles marroquíes hay unos doscientos presos políticos saharauis cumpliendo condenas. Además otras veinticuatro personas esperan desde hace más de un año en la cárcel un juicio militar. Se trata de organizadores de lo que se dio en llamar ‘Campamento de la esperanza’, una protesta a las afueras de los territorios ocupados, para muchos el germen de la primavera árabe, en protesta por las nefastas condiciones de vida del pueblo saharaui.
Los juicios se han suspendiendo en la víspera sin ninguna explicación. No es la primera vez. La causa, apunta el presidente del Observatorio de los Derechos Humanos para el Sahara Occidental, Javier Ruiz, es que Marruecos, como potencia ocupante, utiliza esta estrategia de dilatar en el tiempo la prisión provisional para desesperar a los presos y sus familiares. La suspensión de los juicios es habitual, como ya ocurrió con el grupo de ‘Los Siete de Casablanca’, y busca también eludir la presencia de observadores internacionales. Hay que tener en cuenta que estos, que tratan de velar por los derechos de los presos, se costean los viajes con sus medios, y las reiteradas suspensiones buscan que cuando finalmente se produzca el juicio, no haya quien dé noticia de lo ocurrido.
El Observatorio de los Derechos Humanos para el Sahara Occidental es una asociación sin ánimo de lucro, formada por abogados, que se fundó en mayo de 2010. Sus fines son eminentemente jurídicos. Su principal actividad es acudir personalmente a los juicios, con sus propios medios, y ver si se respetan los derechos fundamentales de los presos saharauis. También intenta reunirse con las autoridades marroquíes y los propios presos, pero las primeras siempre se niegan a ambas cosas. Y después emite un informe, que envía a autoridades como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de la Abogacía, Ministerio de Asuntos Exteriores, instituciones europeas.
Durante esta actuación, los observadores españoles están acostumbrados a que se produzcan registros en sus habitaciones o abran sus maletas. La situación que viven es tal, explica Ruiz, que cuando viajan a Marruecos y territorios ocupados, lo hacen siempre con una maleta de mano, sin facturar, por miedo a que les metan algo, y de esta forma les impidan el acceso al país.

El pasado5 de agosto, el Diario Oficial de la Unión Europea publicó la Decisión (2011/491/UE) del Consejo, de 12/07/2011, relativa a la aplicación provisional del Protocolo sobre posibilidades de pesca, con su contrapartida financiera, previstas en el Acuerdo pesquero entre Europa y Marruecos, que expiró el 27/02/2011 y fue prorrogado hasta el próximo 27 febrero de 2012. De los 27 países, sólo Dinamarca, Suecia y los Países Bajos se opusieron a la prórroga. Austria, Chipre, Finlandia y el Reino Unido se abstuvieron.

Aparte de los detalles acerca de las modalidades de pesca, número de toneladas y de buques dedicado a cada modalidad, solicitud y expedición de licencias, especificidad de los buques atuneros y otros particulares, el Protocolo excluye las aguas marroquíes al este del Cabo Espartel, en Tánger, es decir, el Estrecho de Gibraltar y la costa mediterránea. Y respecto a la costa atlántica de Marruecos se establecen diversos límites en función de las especies a capturar; verbigracia, al sur del paralelo 30° 40' N, para la pesca artesanal de corvina y espáridos; al sur del 29° N para la pesca demersal de merluza negra, etcétera. Ninguna limitación se establece para la pesca en aguas saharianas y saharauis.

Así las cosas, la pregunta obligada es ¿hasta dónde llega la zona atlántica de Marruecos? Porque ni las Naciones Unidas, ni ningún país del mundo, reconocen la ocupación por Marruecos de la antigua provincia española del Sáhara Occidental, abandonada unilateralmente en 1975 y de la que España es todavía formalmente potencia administradora, dada la nulidad, por inexistencia, de los llamados Acuerdos de Madrid, que ni han sido publicados en el Boletín Oficial del Estado ni han sido registrados en las Naciones Unidas. Si ello es así, la ocupación resulta ilegal, puesto que desde el límite septentrional del paralelo 27o 40' N hasta el límite meridional de la península del Cabo Blanco (21o 09' N) y su respectiva prolongación en el mar hasta las 12 millas a partir de la línea de costa son aguas jurisdiccionales del Sáhara Occidental. Marruecos, por tanto, carece de títulos para hacer suya una riqueza pesquera perteneciente a un territorio no descolonizado e ilegalmente ocupado.

Que dichas declaraciones al referirse a la posición del actual Gobierno sobre el contencioso del Sáhara Occidental, contradicen las anteriores hechas por miembros destacados del Partido Popular. En particular, las emitidas por el Secretario de Relaciones internacionales y Jefe de Gabinete del Presidente de Gobierno actual Jorge Moragas (El País del 28/8/2011), en las que defendía "Nuestra posición es la que ha aprobado el Congreso recientemente, que se remite a la legalidad internacional y contempla evidentemente la celebración de un referéndum de autodeterminación. Y esta solución debería ser aceptada y negociada por las dos partes: Marruecos y el Polisario. Lo que fue absurdo es abandonar el principio de la neutralidad activa, que hunde sus raíces en los albores de la transición, como hizo Zapatero nada más llegar el poder cuando, a la salida del palacio de El Elíseo, dijo que en seis meses se iba resolver el problema del Sáhara. Él se alineó con las tesis francesas, más cercanas a las marroquíes, mientras que nuestra idea es volver a esa posición centrada, moderada y ajustada a la legalidad internacional. Tenemos una responsabilidad histórica que nos obliga a no mirar hacia otro lado".

Igualmente, dichas declaraciones contradicen la postura mantenida por el Partido Popular en muchas declaraciones en el Congreso de los Diputados y en el Senado, en particular  las del actual Presidente de la Cámara Alta, Don Pío García Escudero, cuando declaraba, "No se puede aceptar que las relaciones con Marruecos –cuya importancia estratégica para España debe valorarse y subrayarse, en cuanto que es una de las prioridades de nuestra política exterior- se usen como pretexto para encubrir y silenciar una situación y unos hechos que desafían y conculcan los más elementales derechos humanos y las normas básicas del derecho internacional. No es admisible que se esgrima la defensa de los intereses españoles en Marruecos –que sin duda es necesario defender- como excusa o pretexto para adoptar un silencio cómplice ante las graves violaciones de los derechos humanos que se están produciendo en el Sahara Occidental".